Artículo de Carolina Cordero para el Mundo obrero.

El pasado 10 de enero en Parla, en Pleno Ordinario, los Concejales y Concejalas del Grupo Municipal de Izquierda Unida presentamos una propuesta que fue aprobada por mayoría en la que, por un lado, se instaba al Gobierno Estatal a la modificación de la Ley hipotecaria con el fin de regular la Dación en Pago y, paralelamente, se proponía la creación a nivel local de una Comisión Mixta encargada de adoptar medidas para dar cobertura a personas susceptibles de ser desahuciadas por motivos económicos.

Exigimos la modificación de una ley que permite que a ciudadanos y ciudadanas, generalmente familias, se les prive de un techo en el que vivir; ley que no distingue si es invierno, si hay niños o si el desahuciado tiene alternativas. Somos conscientes de que Parla, ciudad especialmente castigada por el desempleo, va a ser testigo de los efectos de la aplicación de esta ley a numerosas familias sin recursos si no se establecen medidas urgentes para evitarlo.

Desde que ha comenzado este nuevo año se han conseguido posponer en Parla dos desahucios: uno de ellos, el de un hombre de más de 70 años; el otro, el de una familia con tres niños pequeños que no tiene familiares en España que les puedan acoger          . Gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la labor y seguimiento que, nos consta, están llevando a cabo las Asambleas del 15M en distintas localidades, a la familia de Abdul se le ha dado una prórroga de un mes.

Estos aplazamientos suponen un balón de oxígeno para las familias  porque les permite disponer de algo más de tiempo para poder buscar una ayuda que les dé la posibilidad de encontrar una vivienda donde alojarse. Con la actual Ley Hipotecaria una moratoria es a lo máximo a lo que pueden aspirar las personas en esta situación porque ésta garantiza que, en algún momento, serán desahuciadas.

Consideramos imprescindible, y así lo reflejamos en la moción presentada a Pleno,  que además de presionar desde el ámbito local a la modificación de la Ley, en los municipios necesitamos crear herramientas para paliar los efectos que ésta tiene sobre los ciudadanos y ciudadanas  porque cuando a una familia se le informa de que va a ser desahuciada, a quien acude es a la administración más cercana, es decir, al Ayuntamiento. Es en éstos donde se concreta esta realidad y somos los que formamos parte de él quienes le ponemos cara y conocemos las características concretas de cada caso. Los Servicios Sociales locales trabajan para tratar de ofrecer alternativas a los vecinos y vecinas que van a ser desalojados de sus viviendas pero los sucesivos recortes que están sufriendo estas dependencias están imposibilitando esta labor y la realidad es que no hay recursos para hacer frente al problema de los desahucios.

 Tenemos que dotarnos, por tanto, de nuevos mecanismos para este fin, instrumentos como el que hemos aprobado en Parla: la creación de una Comisión Especial Mixta formada por miembros de los diferentes Grupos Políticos así como por distintas asociaciones vecinales y de afectados para elaborar un plan de actuación que desemboque en soluciones reales para los ciudadanos y ciudadanas que están atravesando tan dramática situación. En otras localidades ya se ha puesto en marcha esta propuesta y en Parla se procederá a su creación en las próximas semanas.

La Comisión se ocupará de realizar un análisis exhaustivo de los recursos de los que dispone el municipio así como de recoger las demandas y necesidades existentes para hacer frente a los desahucios, fundamentalmente, atendiendo a tres áreas imprescindibles: Vivienda, Empleo y Servicios Sociales. Especialmente importante será estudiar las opciones en cuanto a vivienda que se puedan ofrecer a nivel local.

Actualmente en Parla los pisos de alquiler municipal no son una opción para personas desempleadas porque uno de los requisitos que se exigen para poder acceder a este tipo de vivienda es, precisamente, tener un contrato de trabajo. Haciendo un recorrido por diversos municipios de la Zona Sur de Madrid nos encontramos con un panorama similar: la Vivienda Municipal no está concebida para dar solución al constante incumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que dice que  “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”

En Izquierda Unida consideramos que un porcentaje de la Vivienda Municipal debe reservarse para vecinos y vecinas con dificultades económicas como son los desempleados y, especialmente, para las familias que estén en un proceso de desahucio.

Para poder ejecutar estos cambios en el modelo de Viviendas de Alquiler Municipal es imprescindible que éstas se gestionen desde el propio ayuntamiento y no mediante una empresa privada como sucede actualmente. Por ello, llevaremos próximamente a Pleno una propuesta para exigir el desarrollo de la Empresa Pública de la Vivienda con el objetivo de que sea desde el ámbito local desde donde se gestionen los pisos municipales. Si la propuesta sale adelante propondremos la creación de una reserva de viviendas para casos de emergencia social.

Nuestra apuesta de trabajo para estos próximos años, por tanto, es ambiciosa: ante la falta de liquidez de las administraciones abogamos por exprimir al máximo los recursos municipales. Si éstos son insuficientes trabajaremos por la creación de nuevas vías potenciando la Participación Ciudadana para, entre todos y todas, ofrecer a la ciudadanía una alternativa social a la crisis. Esperamos que la creación de la Comisión de Desahucios sea un buen ejemplo de ello. No obstante, no debemos perder de vista que las administraciones locales poseen un margen de maniobra muy limitado y que los Gobiernos Regional y  Estatal tendrán que asumir, de una vez por todas, el problema de financiación de los ayuntamientos.

Asimismo, más allá de las medidas de urgencia que se puedan tomar desde el ámbito local, es imprescindible que el Gobierno Estatal afronte el problema de raíz y modifique la actual legislación que permite que las entidades financieras en los procesos de desahucio se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación y puedan seguir  reclamando el pago de la deuda restante, situación que ha dejado ya a cientos de familias con una condena financiera de por vida. 

Artículo para el Mundo obrero escrito por Carolina Cordero Núñez.

Concejala de Parla por IU-LV y coordinadora de áreas transversales de IU-LV Parla.