La violencia de género es la muestra social más radical de la
desigualdad entre hombres y mujeres, es una lacra social que afecta de forma
directa a la mitad de la población mundial, es decir la población femenina, una
pandemia en la cual todos/as somos sujetos activos en su erradicación.
Mucho se ha avanzado en nuestro país respecto a esta
problemática, gracias a la lucha principalmente de agrupaciones de mujeres
feministas y la incorporación reciente pero muy necesaria de pequeños grupos de
hombres que apuestan por un modelo de convivencia diferente basada en el
respeto y la igualdad. La violencia de género ya no es algo de la esfera
privada ni un asunto íntimo de la pareja sin relevancia en el entorno.
Sin embargo de forma periódica aparecen en la esfera pública
declaraciones y/o actuaciones que nos hacen retroceder en uno de los principios
básicos de la lucha contra la violencia machista, tolerancia cero.
Uno de los últimos casos más mediatizados han sido las
declaraciones en twitter del diputado Toni Cantó de UPyD asegurando que un
tercio de las denuncias de violencia de
género son falsas cuando en la realidad el porcentaje de denuncias falsas el
año pasado fue de un 0,01%, es decir 25 posibles denuncias falsas de más de
134.000 y esto no lo digo yo, ni Izquierda Unida sino el Consejo del Poder
Judicial. Pero sin duda lo realmente grave es que un diputado que forma parte
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados diera veracidad a esos
datos, esto causa más daño del que muchas personas se pueden imaginar dado que
“muchas víctimas van a pensar que no las van a cree” como afirma Inmaculada
Montalbán (presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del
Consejo General del Poder Judicial), en esta colección de argumentos contra las
políticas de igualdad de género y contra unas formas de convivencia más justas
encontramos otros muchos como que los hombres también son víctimas de violencia
de género impartida por ciertas mujeres, esta argumentación además de ser falsa
es un insulto al conocimiento, la investigación, el estudio y la ciencia
social, me niego como persona a volver a abrir este debate como nunca debatiría
que dos más dos son cuatro, a estas personas que siguen encabezonadas en este
aspecto les recomiendo la lecturas de estudios y manuales psicológicos,
sociológicos e incluso pedagógicos sobre la materia, es momento de debatir
sobre la aplicación de políticas de actuación, ni las victimas ni la sociedad
se puede permitir el lujo de encajarse en un debate trivial interminable sobre
la definición del problema, estando esta suficientemente argumentada y
documentada ya.
Pero sin duda alguna una de las políticas que más puede
perjudicar a las victimas de violencia de género y por ende a la sociedad en su
conjunto es la reforma del código Penal del ministro Gallardón, el cual retrocede
años y décadas en la lucha contra la violencia de género, la impunidad de los
agresores y la desprotección del las victimas. En concreto estos cambios son
los siguientes.
·
Multas
económicas para los agresores: “La posibilidad de volver a castigar con pena de
multa es desconocer las características específicas de este tipo de delitos. La
experiencia de hace dos décadas nos demuestran que son inidóneas. Pueden darse
situaciones tan kafkianas como que el agresor detraiga el dinero para pagar la
multa de lo previsto por la mujer para comida, la compra o para los gastos de
la casa. No podemos volver a la multa…Tuve el caso de
una esposa que vino a pagar la multa que yo le había puesto a su marido. Le
pregunté asombrada que cómo venía ella a pagar, y me contestó que su marido no
pensaba pagar, y que además no tenía bienes a su nombre, y como la casa
familiar era ganancial, temía que la embargasen” I. Montalbán.
·
Se
introduce la mediación en los casos en que se suspenda la ejecución de la pena:
esta propuesta refleja un claro desconocimiento tanto de las
características de la violencia de género como de la técnica de la mediación,
dado que en esta el mediador/a interviene con dos sujetos en igualdad de
condiciones y es obvio que el control y agresión psicológico, físico y/o sexual
hacen que agresor y victima no se encuentren en planos de poder y control similares.
·
Eliminación
de las faltas de vejación injusta: el la amplia mayoría, por no decir en la
totalidad, de los casos de violencia de género antes de las agresiones físicas
encontramos agresiones psicológicas que minan y vulneran la autoestima e
integridad de la mujer, frases como “no vales nada”, “no sabes hacer nada
útil”, “no dices más que tonterías” podrán dejar de ser consideradas como falta
si se aprobase el borrado de Código Penal defendido por Gallardón.
·
Eliminación
del agravante de presencia de menores en el maltrato habitual: cómo
justificará el ministerio de justicia que se quiera eliminar el agravante de
presencia de menores en las agresiones cuando está más que probado los
problemas psico-sociales que producen en los/as menores de edad la presencia
continuada de estos episodios de violencia.
El Consejo General del Poder Judicial rechaza cada uno de los
cambios que se proponen en el borrador del Código Penal y es que en materia de
política social y violencia de género un país no se puede retroceder, las
políticas conservadoras y marcadas con un claro pragmatismo católico del actual
gobierno no nos pueden devolver a un época de blanco y negro en la cual la violencia
de género o se invisibilizaba o se normativizaba.
Desde los diferentes poderes públicos y sociales no podemos
quedarnos parados, siendo un deber moral
y social mostrar nuestra repulsa frente estos cambios en la legislación
dado que sino miles de mujeres maltratadas en el silencio macabro de sus casas
se sentirán más solas que ayer dado que la justicia les habrá dado la espalda.
Israel Aguado.
Coordinador del área de juventud de IU-LV de Parla.
