El área de juventud de IU-Parla secunda el manifiesto de la plataforma "Universidad frente a la crisis" en defensa de la educación pública.
Quienes firmamos este escrito, miembros de la comunidad universitaria de todas las universidades españolas manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las medidas de recorte presupuestario tomadas por el gobierno porque entendemos que suponen un atentado gravísimo y sin precedentes que amenaza la supervivencia del servicio público de la enseñanza superior.
1. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros responden a una grosera improvisación. No son el resultado de un análisis detenido de los problemas que pudiera tener la universidad española, sino la consecuencia de dar el hachazo primero y luego tratar de encontrar argumentos que puedan justificarlo. Una prueba palpable de ello es que los recortes de gasto, la reducción de efectivos y el cambio de normas se realizan antes de que ni siquiera comience a funcionar la comisión nombrada por el Ministerio para que haga propuestas de reformas. Una comisión que igualmente rechazamos de plano porque, con independencia de la muy alta categoría profesional de todos y todas sus componentes, no refleja el pluralismo ideológico de nuestra sociedad y sobrevalora la influencia de los intereses bancarios privados a la hora de definir el mejor ordenamiento de la universidad pública española.
2. Para abrir paso a esas medidas y para apoyar los recortes, el propio Ministro y otros dirigentes políticos del Partido en el Gobierno han dado datos incorrectos o han dicho mentiras que confunden y engañan a la opinión pública:
• Para argumentar que en España hay demasiadas universidades el Ministro ha manifestado que en California hay 10, cuando en realidad hay 146. En contra de lo que dice el Gobierno, es fácil deducir que en España más bien hay pocas universidades: los dos países que tienen mayor número de centros universitarios de investigación de excelencia entre los mejores del mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una universidad por cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente; mientras que en España hay una por cada 582.000 (Estos datos y los siguientes en José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16-4-2012).
• Para hacer creer que es baja la calidad de nuestros centros universitarios, que combinan la docencia y la investigación, el Ministro los compara con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación y, sobre todo, sin hacer mención a que 99 de los 100 primeros están en países que casi doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España.
• Para exagerar el coste del fracaso escolar el Ministro ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%. Y tanto el Ministro como la Secretaria General del Partido Popular han difundido la idea falsa de que el coste de ese abandono (exagerado) es de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada y sin fundamento empírico ninguno.
3. Denunciamos que lo que viene haciendo el gobierno para justificar los recortes de presupuesto es simplemente una campaña contra la universidad pública que solo puede calificarse, cuando menos, como desleal. El Ministro se empeña en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara e inútil para crear empleo y le oculta la realidad:
• Los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a la de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos anualmente un 20% menos en recursos.
• El 79% de quienes obtienen su título en España lo hacen en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y con menor gasto por estudiante.
• La tasa de paro de los y las egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población y todo ello se consigue en la universidad pública con un coste por estudiante que es un 25% más bajo que el de la privada.
4. A los recortes realizados en los Presupuestos Generales del Estado en las partidas destinadas a la investigación, ahora se suman las consecuencias del Real Decreto Ley de racionalización de gasto público en el ámbito educativo que van a impedir desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la enseñanza superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad. Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama. Unos motores que se resienten cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo que se recortan recursos para la investigación. O cuando se encarece el precio de los másteres y se anula a la vez el sistema de préstamos renta y se disminuyen las becas, porque eso dará lugar a que no sean las personas de mayor talento quienes puedan acceder a la carrera investigadora, sino solo las de más ingresos. Y denunciamos que son un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento indiscriminado de las matrículas, sin estudiar previamente los efectos de otras distintas posibilidades más justas y eficientes de fijar sus precios, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que las personas de rentas más bajas tengan más difícil acceder a los estudios universitarios.
El aumento de las dedicaciones docentes, en función de los criterios establecidos en el RD, elude las consecuencias a corto y largo plazo de tales medidas: se toman antes de revisar o consensuar con la comunidad docente/investigadora los criterios y baremos establecidos para la obtención de tramos investigadores en función de la naturaleza variable de la producción científica de las diversas disciplinas; así, la mayor carga de docencia recaería en quienes "menor investigación realizan", con lo cual cabe pensar en que la docencia no se beneficiaría de la lógica retroalimentación del avance científico; por último, se da un golpe a la promoción de la investigación y de los investigadores e investigadoras, pues con más contratos precarios y mayor actividad docente tendrán más dificultades para lograr tramos de investigación.
5. Quienes firmamos esta declaración sabemos que en nuestra institución hay problemas, que se pueden y se deben optimizar los recursos que la sociedad nos proporciona, y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a que el servicio público universitario funcione mejor y con mayor ahorro de recursos. Tenemos la convicción de que hay que mejorar la adecuación de la oferta a la demanda de estudios, hoy día muy desequilibrada, coordinar mejor los mapas de titulaciones o acoplar las plantillas de profesorado a las necesidades reales de la docencia y la investigación, entre otras cosas. Pero eso no puede llevarnos al engaño. Nada de eso se puede conseguir con menos recursos, poniendo en peligro lo bueno que han tenido las reformas de los últimos años, cerrando el paso a cualquier estrategia de diálogo y dificultando el acceso a la universidad y a la carrera universitaria a las personas de rentas más bajas.
De esta manera, disminuyendo recursos a un sistema ya de por sí necesitado de ellos, y sin propuestas que realmente supongan una mejora de su uso, por mucho que se hable de "racionalización", el gobierno solo va a conseguir deteriorar el sistema universitario español y, en consecuencia, la evolución negativa de nuestra economía y el empleo, la situación de las empresas y el bienestar social. La evidencia histórica nos indica que eso es lo que sucede cuando se adoptan medidas como las aprobadas por el Gobierno español. Y esa evidencia, junto a las crecientes facilidades que se vienen dando a los centros privados, es lo que nos lleva a denunciar que la estrategia que en realidad se viene persiguiendo en este como en otros servicios públicos es su privatización progresiva para convertirlos en simples negocios privados con independencia de que así queden millones de españoles y españolas sin poder acceder a ellos.
Por todo esto, llamamos a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, con independencia de sus ideas políticas y simplemente amantes y defensores de la universidad pública, a que suscriban este escrito con su firma, a que lo divulguen y a que asistan a las convocatorias que se harán en todas las universidades frente a los rectorados para reclamar a nuestros máximos representantes que defiendan estas ideas y rechacen de plano los recortes del gobierno por suponer un atentado gravísimo y de efectos terribles para el futuro inmediato de la sociedad y de la economía española. Y en concreto, para que con su firma exijan firme y directamente al Presidente del Gobierno la dimisión del Ministro de Educación y Cultura y la retirada inmediata del Real Decreto de "racionalización" del sistema educativo porque simplemente significa la destrucción del sistema público que con tanto esfuerzo y siempre con insuficientes recursos hemos podido levantar en los últimos años con una calidad y alcance social de la que, a pesar de todo, nos sentimos orgullosos y orgullosas.
Abril 2012
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