La Universidad Pública también está llamada a la movilización el 9 de mayo acosada por el recorte en su financiación y las deudas con las Comunidades autónomas, por la tremenda subida de tasas y recorte de becas y en investigación y por el despido de profesorado y personal, así como por la nueva reforma universitaria que supone la entrada del modelo empresarial en la financiación y gestión universitaria, desapareciendo las funciones que debe de tener una universidad pública: el carácter universal, humanístico, autónomo y crítico.
La universidad española es un servicio público, fundamental para la construcción y el mantenimiento de una sociedad democrática que, en tan solo tres décadas, ha dado un gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, convirtiéndose en una institución socialmente abierta y académicamente solvente, recuperando mucho del terreno y el tiempo perdido durante el franquismo. La misma universidad en cuyas aulas se combatió la dictadura, se convertía en una institución pública, al servicio de la sociedad, creando y transmitiendo conocimiento y valores pluralistas, generando trabajos dignos y un estudiantado crítico y formado.
Este logro se ha realizado a base del esfuerzo de toda la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras universitarios, profesorado y personal de servicios, y de los cientos de miles de estudiantes que se han formado, como ciudadanos y como profesionales, en las aulas de las universidades públicas españolas y que con su praxis de movilización ha defendido durante años un modelo de universidad pública y de calidad.
Sin duda, queda aún mucho por mejorar en la construcción de una universidad democrática y popular, fundada en métodos pedagógicos renovados y participativos, con una adecuada dignificación de su labor, con suficientes recursos financieros tanto para la docencia como para la investigación, que asegurara la formación no sólo de buenos profesionales sino de una ciudadanía crítica y comprometida en la construcción y mejora de la actual sociedad. Comprobamos, sin embargo, que las “reformas” que se están proponiendo y poniendo en marcha desde el poder avanzan exactamente en la dirección contraria a estas necesarias mejoras.
Desde hace ya casi una década, la universidad española se ha convertido en un objetivo a abatir. Desde los poderes públicos, de uno y otro signo del bipartidismo, se han acometido reformas que atacan los pilares maestros de la universidad, como bien público, al servicio de los intereses de la ciudadanía en lo que respecta a la producción del conocimiento, de su transmisión y enseñanza. La precarización de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a autonomía académica y en el gobierno y gestión de los centros, la imposición de la mercantilización de los conocimientos a investigar y transmitir, tanto en lo relativo a la producción científica como en los planes de estudio y la elitización de los estudios, con la subida de tasas y la imposición de grados y másteres, son las muestras más significativas de este ataque a la universidad pública.
Detrás del último ataque a la universidad pública, que plantea el actual equipo de gobierno del PP, está la salida profundamente reaccionaria que se está dando a la crisis económica, en virtud de la cual se están derivando los fondos ya de por sí escasos de la sanidad y la educación a sostener los intereses de los accionistas de los bancos y a pagar a los acreedores privados del Estado que está haciendo su negocio con el sufrimiento de la gente. También subyace un proyecto cada vez más avanzado que consiste disociar el sistema educativo en universidades públicas desasistidas para estudiantes que serán carne de cañón del paro, la precariedad o la emigración y universidades primadas o master carísimos para la formación de reducidas élites para el negocio y la especulación.
Los trabajadores universitarios y el estudiantado debemos contestar a esta ofensiva bajo el paraguas de unidad que nos da la defensa de la universidad como bien público irrenunciable, considerando nuestros problemas como asuntos de la comunidad universitaria que requieren una praxis unitaria. Así, llamamos a la movilización permanente en defensa de la universidad pública, secundando la huelga general de educación del día 9, sosteniendo la propuesta y planteando alternativas, con las siguientes exigencias a los poderes públicos:
- Asegurar que los estudios universitarios sean accesibles sin obstáculos relacionados con las posibilidades económicas o el origen social del estudiantado, desarrollando un plan que tienda a la gratuidad de los estudios universitarios, comenzando por los de Grado, y sin que se produzcan aumentos de los precios públicos, con un sistema de becas suficiente hasta la consecución de la gratuidad absoluta.
- Establecer un sistema generalizado y suficiente de becas-salario, que retribuya el estudio como una actividad social productiva y haga viable así la figura de estudiante a tiempo completo
- Asegurar una plantilla de profesores suficiente para promover una pedagogía activa, basada en la participación estudiantil y una producción científica basada en el compromiso con el conjunto de la sociedad, la promoción de la justicia social y la independencia académica. Debe por tanto eliminarse la congelación de plantillas y los límites impuestos a la política de contratación del personal de las universidades, que está quebrando y limitando las carreras profesionales y académicas de miles de personas, formadas en su mayoría con inversión pública en I+D.
- Asegurar las relaciones laborales dignas al personal universitario (profesorado y personal de servicios): contratación estable, salarios adecuados, promoción profesional y libertad de cátedra. En particular, exigimos el control de la contratación temporal y de la utilización de figuras fraudulentas para subemplear a las y los jóvenes doctores con contratos basura, temporales y con salarios muy por debajo de sus competencias y funciones reales. En este sentido exigimos que no se lleven a cabo despidos colectivos en las universidades públicas, cada despido que se está llevando a cabo no sólo repercute en el derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo, así como a la dignidad y a la promoción, sino también a la calidad de la docencia y de la investigación en las Universidades públicas.
- Aumento del gasto público en I+D, asegurando y elevando las partidas dedicadas a la financiación de la investigación en la universidad y evitando así la búsqueda continua del mecenazgo empresarial.
- Finalizar de la campaña de desprestigio respecto de la Institución y sus integrantes, tanto por miembros del Gobierno como por los medios de comunicación que le son afines.
- No acometer reformas en las normas que regulan las universidades públicas si no son debatidas y consensuadas con el conjunto de la comunidad universitaria, en particular, con los estudiantes, así como con el conjunto de la sociedad.
- Respeto de la autonomía universitaria y defensa de la misma frente a la intervención de entidades mercantiles en las universidades públicas, respeto del gobierno y gestión democrático de las universidades públicas, respeto del compromiso social de las mismas, de la independencia académica de sus docentes y de los derechos laborales y sociales de toda la comunidad universitaria.
Por todas estas razones, frente a esta ofensiva en distintos planos que nos afecta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general es necesario reforzar el movimiento universitario e impulsar y sostener un proceso de movilización permanente, de rechazo y de propuesta, para elaborar el modelo de universidad pública social, democrática, de excelencia académica general, tanto en la investigación como en la docencia, transformadora y crítica, que prepare ciudadanos y contribuya a la transformación social y a la democracia. Una Universidad que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad, como un pilar fundamental para la participación ciudadana y la democracia, frente a los objetivos privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal.
