Actualmente todas las mujeres,
cualesquiera sea su nivel adquisitivo, pueden acceder a la prestación de la interrupción
del embarazo de forma gratuita y segura. La actual ley lo permite dentro de las
primeras 14 semanas de gestación
siempre y cuando la mujer haya sido informada de las prestaciones existentes de
ayuda a la maternidad. Es decir, que la Ley actual es de plazos, como en la
mayoría de países
europeos, que oscila entre las 12 semanas que prevén las legislaciones alemana, italiana o francesa y
las 24 de la holandesa.
El 90% de los abortos realizados en España en 2011 se produjeron dentro de estas primeras 14
semanas de gestación, el 90%, según datos recogidos por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. El 65,56% se realizaron, además, dentro de las ocho primeras.
Estos datos ponen de manifiesto que la
actual ley funciona, porque regula y controla
las interrupciones voluntarias de los embarazos. Pero aun así, el Ministro Gallardón
ha anunciado que va a eliminar esta ley de plazos para volver a una legislación de supuestos.
Además,
actualmente una mujer puede interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de
las 22 semanas se detectan graves anomalías
en el feto y así lo acreditan dos dictámenes médicos.
El 2,73% se produce antes de las 22 semanas de gestación y sólo un 0,3%, pasado ese tiempo.
No sabemos exactamente lo que va a hacer
Gallardón porque, por lo visto, ni él mismo lo sabe,
pero en declaraciones públicas
ha manifestado su intención
de rechazar el aborto por malformación
fetal. Es decir, que pretende plantear una Ley más
restrictiva aún que la del año 1985. Plantea, nada más y nada menos, que un retroceso de 30 años en los derechos y libertades de las mujeres.
La realidad evidente es que eliminar
este supuesto hará que las mujeres que tengan
posibilidades económicas se marchen a otros países, como ocurría
en los años 70 y 80. Y las que no puedan permitírselo previsiblemente acudirán a otros métodos
con los peligros para la salud que ello conlleva. Una vez más este Gobierno perjudica a quienes tienen menos
recursos económicos.
Pero es que el cinismo del Partido
Popular no tiene límites: al tiempo que plantean la
imposibilidad de abortar de forma voluntaria en caso de fetos que puedan tener
malformaciones importantes, suprime por otro lado las ayudas establecidas en la
Ley de Dependencia para cuidar precisamente a aquellas personas con
dificultades en la vida y que no tienen las mismas posibilidades que el resto
de sobrevivir.
Las implicaciones a nivel político de esta reforma de la Ley del Aborto son
enormes: Alberto Ruíz-Gallardón, ha puesto
encima de la mesa, una concepción
de la mujer franquista, plantea que las mujeres necesitamos que nos tutelen,
que no podemos decidir libremente, que el Estado debe decidir sobre nuestro
cuerpo y pretende que nos volvamos a situar a la cola de Europa. Es decir, el
Ministro de Justicia representa actualmente al "nacionalcatolicismo español" y esta intención de reformar la Ley del aborto es claramente un guiño a la conferencia episcopal.
La conferencia episcopal ha lanzado una
nueva campaña con carteles en los que aparece la cara del ministro
Gallardón y le piden por favor que modifique la
Ley del Aborto. Este es el chantaje que la Conferencia Episcopal está haciendo al Gobierno y, de momento, parece que el
Ministro está por la labor de ceder.
No se puede consentir lo que está haciendo el Gobierno Central con este tema,
planteando el aborto desde la más
absoluta frialdad como si las mujeres que lo han tenido que practicar en algún momento de su vida lo hayan hecho alegremente. Es
una decisión muy dura, pero una decisión que debe tomar la mujer.
El Partido Popular no está respetando a las mujeres, no respeta uno de
nuestros derechos fundamentales como es el de decidir sobre nuestra maternidad,
sobre nuestro cuerpo.
Por tanto, esperamos que sean cientos
los ayuntamientos y otras instituciones que rechacen esta medida, esperamos que
en el Congreso el PP se quede solo, esperamos que la movilización en la calle sea enorme, que la marea violeta
inunde las ciudades y, en definitiva, esperamos que esta pretensión de Gallardón
nunca se lleve a cabo.
Intervención de Carolina Cordero en el Pleno de Parla el pasado 14 de Mayo.
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