Extraño es el día que no nos enteramos de la implantación de
una nueva tasa o copago, del recorte en algún programa, de la privatización de
algún centro, del ajuste presupuestario de alguna entidad o de la eliminación
de algún organismo relacionado con la sanidad o la educación.
Sin embargo las políticas y servicios sociales no son ajenos
a este desmantelamiento continuado, es más es un desmantelamiento mucho más
rápido y agresivo pero silencioso y ajeno del ente público.
Desde el Gobierno central y de igual medida en el caso de
nuestra Comunidad se hace todo lo posible por aumentar la presencia y
participación del segundo sector (compuesto por las empresas privadas) como
agente distribuidor de servicios sociales, reduciendo al máximo la presencia
del primer sector (el sistema público) y acorralando cada vez más a las
entidades del tercer sector ( ONGs).
Las políticas sociales se ven como un elemento para las
épocas de bonanza económica siendo lo primero que se suprime, no se
contemplan como lo que realmente son;
políticas preventivas y de cambio social en el corto, medio y largo plazo que
representan un derecho de la población y un deber para los goniernos.
En España la Plataforma del tercer sector abarca a un total
de 29.000 entidades que dan trabajo a medio millón de personas, dando servicio
a más de cinco millones de personas en riesgo de exclusión social (según datos
de la propia plataforma), según su presidente Luciano Poyato las ONGs están
evitando un estadillo social “Evidentemente está conteniendo el estallido
social. En 2009 había en España 9,1 millones de pobres, y en 2011 la cifra
subió a 10,3 millones. Ya no sólo estamos atendiendo a la exclusión social de
antes, sino a la nueva, a gente que nunca se había imaginado que iba a terminar
así…la crisis está provocando una situación de desconcierto entre las personas
trabajadoras de nuestras organizaciones porque hay demoras en pagos y nos
quedamos sin liquidez. Esto genera tensión y conflictividad. Pero el mayor
impacto es para los usuarios, personas muy carenciales no sólo desde el punto
de vista económico, sino emocional”.
Las ONGs que durante mucho tiempo han sido y siguen
siendo “mano de obra barata y de calidad” para las administraciones públicas, están
viendo como tienen que verse obligadas a cerrar muchos de sus programas o
utilizar cada vez más personal voluntario en lugar de personal laboral a causa
de la falta de financiación tanto pública como privada.
El gobierno ha ejecutado un plan de saneamiento para
entidades bancarias incluso esta estudiando un plan de saneamiento para las
empresas adjudicatarias del faraónico proyecto de las carreteras de peaje, sin
embargo no cuenta con ningún plan de saneamiento ni protección para la
población en riego de exclusión social (cada vez más amplia) que se ve sin
ningún recurso ni salida posible, esto es un
claro problema de prioridades y parece ser que en la actualidad la
prioridad para los actuales gestores/as del dinero publico es el saneamiento de
los bancos y empresas privadas y después las personas.
Artículo escrito por Israel Aguado.
Secretario de áreas transversales de IU-LV de Parla
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