Sustituir lo que el PP recorta de financiación a la Universidad Pública por donaciones privadas, tal como propone la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades es sustituir los derechos fundamentales por la caridad y convertir a las Universidades en cómplices sumisos de las políticas de recortes del Partido Popular.
Es inaceptable que debido a las políticas de recortes en educación de los gobiernos del PP tenga que ser la caridad la que sustituya a la justicia social y se convierta en el recurso de financiación de la Universidad Pública española. Desde IU entendemos que la respuesta necesaria ante la intolerable situación que provocan los recortes económicos a las Universidades Públicas debe ser la movilización social para frenar esas políticas que están en el origen de la situación que ahora la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga pretende subsanar con “padrinos” y donativos.
Resulta vergonzante que los estudiantes de las Universidades Públicas tengan que esperar una donación anónima para poder ejercer el derecho fundamental a la educación.
Un derecho que los poderes públicos deben garantizar como obligación política ineludible consagrada en la Constitución y una conquista histórica cuya pérdida supone un retroceso de siglos en el avance social y cultural de nuestro país.
Produce sonrojo de indignación ver confirmada una vez más la inicua política del PP que destruye sistemáticamente toda red de protección social condenando a la ciudadanía a un futuro de derechos truncados. Produce vergüenza asistir a estos episodios consecuencia de una política de recortes sistemáticos en derechos sociales para destinar el dinero público de nuestros impuestos a rescatar entidades bancarias y financieras responsables de la actual crisis, en vez de a las necesidades fundamentales de nuestra sociedad como es la educación.
Cuando un gobierno incumple gravemente su responsabilidad social y sus obligaciones con la ciudadanía condenándoles a la desprotección y abandonándoles al amparo de la caridad sus políticas están dando por destruido definitivamente el Estado Social y de Derecho.
De esta forma están incumpliendo flagrantemente no sólo su programa político por el que fueron elegidos, sino adoptando políticas contrarias a los mínimos consagrados en la propia Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es más que nunca necesario exigir su dimisión.
Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas.
Y a esto hay que sumar que se han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000
El desmantelamiento del estado social llevado a cabo por la política neoliberal del PP tiene como víctimas a las personas y en este caso a los jóvenes estudiantes que ven truncada su posibilidad de continuar una carrera universitaria.
Este ataque no se arregla con la caridad privada que es la respuesta discrecional y voluble de unos pocos, que tienen recursos, ante situaciones de desamparo pero nunca será la respuesta necesaria a la política que desmantela el estado social y abre la brecha a la sociedad de los privilegios.
Debemos responder toda la ciudadanía desde el rechazo frontal a estas políticas destructivas para contraatacar en la exigencia de estructuras institucionales y sociales al servicio de una sociedad más justa. Al hecho de que miles de jóvenes vean truncado su sueño de continuar su formación se debe responder con contundencia. La sociedad civil y toda la comunidad universitaria han de exigir que se pongan los recursos del estado al servicio de todos y todas y que no se hipoteque el futuro de la mayoría en atención a los intereses de unos pocos.
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