Hace unas semanas decía Luís
García Montero que “hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre; esto no
es una crisis, es capitalismo salvaje”. Más allá de su sentido literal, que yo
personalmente comparto, es interesante el significado esencial de esta
afirmación, que viene a decirnos que, en cierto modo, esta crisis es una gran
mentira. El “fenómeno” crisis está siendo utilizado de manera interesada por la
derecha y los poderes económicos como causa que explica por qué se producen
determinados efectos como la desregulación del mercado de trabajo, el
desmantelamiento de los servicios públicos, y en definitiva, la deconstrucción
del Estado del Bienestar. Desde este punto de vista, la crisis como causa hace
inevitable sus consecuencias, y el impedimento de luchar contra lo inevitable
(que es una obviedad) ha generalizado un sentimiento de resignación que permite
los ataques más feroces a nuestros servicios públicos sin apenas contestación
social.
Es en este sentido de crisis como
causa en el que la crisis económica es una gran mentira. La crisis es la excusa
y no la causa para acelerar un proceso de desmantelamiento de lo público que
comenzó mucho antes de 2008, cuando estalla la burbuja del sistema financiero.
En comunidades autónomas como Madrid o Valencia, las tijeras se afilaron en el
mismo momento en el que se asumieron las competencias descentralizadas del
Estado hace más de diez años. La crisis ha sido un factor que, al explicarse
como causa, ha permitido acelerar sin resistencia un proceso planificado y de
largo plazo.
En el ámbito municipal, además,
se produce una doble injusticia. Por un lado, al igual que en el resto de
administraciones, la exigencia de políticas de ajuste presentadas como
inevitables a causa de la crisis económica, que suponen una reducción del gasto
y de las posibilidades de endeudamiento y que ponen en riesgo los sistemas de
protección social y los servicios públicos en todas las escalas de la
administración. Y por otro, un nivel de exigencia igual a la hora de aplicar
los ajustes que al resto de administraciones, cuando los Ayuntamientos no
conviven con las Comunidades Autónomas o el Estado en plano de igualdad. En
este caso la injusticia es doble porque no es justo tratar al desigual con
igualdad. Es una enorme injusticia exigirle igual al más débil y que por otro
lado aporta muchísimo menos a los problemas que son supuestas causas de dichos
ajustes.
Al igual que para el resto de
políticas regresivas, para los ajustes en las corporaciones locales se
presentan una serie de excusas como si fueran causas, que son principalmente
dos: la deuda pública y el déficit público. No obstante, las administraciones
locales sólo son responsables del 6% del total de deuda pública del Estado, y
su déficit es del 0,6%. Por otro lado, del total de gasto de todas las
administraciones en España, mientras la administración central gasta el 51% y
las Comunidades Autónomas el 36, los municipios apenas gastan el 13, frente al
25% de media en la Unión Europea.
Con un nivel de ingresos
corrientes tan escaso, debido a nuestro modelo de financiación local
(recuérdese que los Ayuntamientos sólo gastan el 13% del total de los
recursos), el periodo expansivo de la economía anterior a 2008 escondía las
vergüenzas de unas corporaciones locales que no se plantearon en su momento
hacer de su financiación un caballo de batalla porque obtenían recursos
suficientes por vías extraordinarias como la venta de suelo y el ladrillo. Y
con las manos llenas se lanzaron a ampliar servicios para una ciudadanía cada
vez más consciente del bienestar que merece, sabiendo además que son la
administración más cercana. Es posible que en muchos casos, esta ampliación de
servicios se hiciera con una vocación más electoralista que de servicio
público, pero lo cierto es que, a día de hoy, tienen ligados miles de empleos,
son imprescindibles para miles de usuarios y su desmantelamiento supone el fin
de un modelo en el que la administración local tiene margen para definirse en
sus políticas públicas. El ahogo de las administraciones locales es un intento
planificado de convertir en materia de negocio aquellos espacios que hoy cubre
el servicio público, además de suponer la derrota de la política y la
democracia precisamente en la administración más cercana, aquella más capaz de
implementar fórmulas democráticas más directas y participativas. Ayuntamientos
sin recursos para generar políticas públicas se convierten en meras gestoras
sin campo para la acción política, y en esta tecnocracia la democracia pierde.
Estamos a punto de ver como hasta
un 40% de los Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid llegan a situaciones próximas a la
suspensión de pagos. En municipios como Parla estamos ya en ese marco. Pero la
pelea por lo concreto, por el servicio que cae o la contrata que tiene un
problema no puede impedir que incluyamos dichas peleas en una batalla más
global y que es la única vía para sacar a las corporaciones locales del
agujero: un modelo de financiación local que garantice recursos suficientes y
una inyección de liquidez para los ayuntamientos con problemas. Cualquier otra
vía va a resultar ineficaz, especialmente en municipios que, como Parla, ya
están en quiebra, además de haber quedado demostrado, y Parla también es un
ejemplo de ello, que las medidas en forma de parche no sólo no solucionan el
problema sino que terminan por deslegitimar a la izquierda cuando las aplica.
Tal y como está el patio,
necesitamos a toda la izquierda legitimada, porque la mayoría absoluta de la
derecha es una legitimación contra la que hay que competir con otra del mismo
valor. En el caso de la izquierda, en este momento, la legitimidad va a estar
forzosamente en los valores esenciales, entre los que sin duda alguna está la
defensa de los servicios públicos, y que en el ámbito local pasa necesariamente
por una financiación suficiente y una inyección de liquidez a los Ayuntamientos
en crisis.
Raúl Cordero Núñez
Secretario de Acción Sindical y Juventud
Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid
No hay comentarios:
Publicar un comentario