El 24 de enero de 1977 hace ya 36 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes. Fallecieron los abogados, Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz Huertas, Mª Dolores González, Luís Ramos y Miguel Sarabia.
Como cada año, el próximo 24 de enero se celebrarán los actos conmemorativos, esta vez del 36 Aniversario:
8,30 horas, visita a los cementerios de Carabanchel y San Isidro
10,00 horas Ofrenda de coronas en el portal de Atocha 55 y minuto de silencio en la Plaza de Antón Martín, al lado del monumento de "El Abrazo" de Juan Genovés
11,00 horas, en el Auditorio "Marcelino Camacho", Lope de Vega 40. Entrega de los premios Abogados de Atocha por parte del patronato de la Fundación Abogados de Atocha. En esta su novena edición se ha decidido premiar a los compañeros del proceso 1001 y reconocer a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha comenzado un nuevo año pero da toda la impresión que las políticas del Partido Popular van a seguir el mismo camino de recortes, privatizaciones, subidas de impuestos y tasas, eliminación de derechos y empobrecimiento progresivo y constante de nuestro país.
De entre todas estas políticas y decisiones de las diferentes administraciones en las que
gobierna el Partido Popular destaca, de forma especialmente grave y dañina para todas y todos los ciudadanos, su empecinamiento en derruir y acabar con el sistema público, universal y gratuito de nuestra sanidad.
Madrid está siendo el escenario más claro de cómo un gobierno toma decisiones, no solo al margen de los ciudadanos que recibe las mismas sino con su claro y rotundo rechazo. Pero, por si para nuestra ciudad y sus vecinos esto no fuera suficiente hay que sumar la privatización de nuestro Hospital, la privatización –según nos indican desde la propia Comunidad de Madrid-, de alguno de nuestros Centros de Salud, la no construcción del Centro de Salud prometido por el propio Gobierno regional en Parla Este y el euro por receta, la última de las flamantes medidas puestas en marcha por el Presidente Ignacio González.
Todas estas medidas utilizando la crisis económica como excusa, han provocado que la sanidad deje de ser un derecho que generaba una gran seguridad a los ciudadanos para pasar a ser un elemento de preocupación muy importante, como nos indican los últimos estudios sociológicos.
En Parla, que es los que nos ocupa y más nos preocupa en este Pleno, a la difícil situación económica y laboral que estamos atravesando - que ha empeorado en este último año con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy -, nuestros vecinos y vecinas suman ahora un nuevo gasto por receta, una mayor incertidumbre ante cualquier enfermedad o accidente y una incomprensión absoluta ante el ataque interesado y falso contra una sanidad pública que funciona y funciona bien.
A todo esto se suma el profundo malestar del personal sanitario de todo Madrid, pero más concretamente del que trabaja en nuestro Hospital y en nuestros Centros de Salud, muchos de los cuales han dimitido hace pocos días de sus puestos de responsabilidad, mostrando con ello que defienden la sanidad pública por encima de sus propios intereses personales; algo que lamentablemente no puede decir el Gobierno Regional.
La inmensa mayoría de los Parleños y Parleñas tienen la certeza que estas medidas hechas a golpe de ordeno y mando, sin ningún tipo de diálogo sincero y con la finalidad clara de favorecer a determinadas empresas, sólo tiene un objetivo evidente: obtener beneficios económicos de la salud de todos los pacientes.
Haciéndose cargo del malestar y la preocupación de los vecinos y vecinas de Parla ante todas las cuestiones expuestas anteriormente, los Grupos Municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida quieren proponer al Pleno de nuestro Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Parla exige a la Comunidad de Madrid la paralización inmediata de la aplicación de la tasa del euro por receta hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados a esta medida.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Parla se opone a que tanto el Hospital de Parla, como los Centros de Salud de nuestra Ciudad, sean gestionados por empresas privadas.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Parla muestra su solidaridad y apoyo al personal sanitario de nuestra ciudad en sus reivindicaciones.
Desde
el área de Juventud de IU denunciamos la coacción y el chantaje con
el que está utilizando la CEOE las aberrantes cifras de paro juvenil
en España, que ya alcanzan el 56,5% según los últimos datos de
Eurostat para 2012, proponiendo un contrato para jóvenes situándolo
en el salario mínimo interprofesional.
El
paro juvenil es un problema endémico en este país que no para de
crecer y que evidencia que varias generaciones de jóvenes estamos
abocadas a la exclusión cuando no a la emigración forzosa. Esta
situación es utilizada miserablemente por la Patronal para reducir
aún más si cabe las condiciones y derechos laborales de las
personas jóvenes.
El
contrato que propone la Patronal, obligaría a una retribución
laboral para jóvenes situada en el SMI saltándose con ello todos
los convenios colectivos, estableciendo un estrato de trabajadores y
trabajadoras jóvenes situado en la total y absoluta precariedad.
Además, abriría una brecha más grande si cabe, entre las
generaciones de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y el
conjunto de trabajadores y trabajadoras que ya están trabajando.
No
se cansan de decir que somos la generación más preparada de la
historia, que somos el futuro de este país, afirmaciones cínicas y
falaces cuando vemos que todas las reformas del Régimen, aprobadas
tanto por el PSOE como por el PP, sólo trataban de insertar a las
personas jóvenes en el mercado laboral a través de contratos basura
a costa de sus derechos laborales. La Patronal sólo tiene un
interés, y es emplear mano de obra cada vez más barata
explotándonos cada vez más, las y los jóvenes no le importamos
absolutamente nada.
Este
tipo de declaraciones reafirman el análisis de que sólo existen dos
salidas a esta crisis. Una es la que esta aplicando el Régimen de
los mercados, la Troika, la Patronal y los grandes bancos,
salvaguardando sus intereses, sus grandes beneficios, a costa de los
derechos y las vidas de la mayoría social del país. La otra salida
es la de priorizar nuestras vidas frente al pago de la deuda. La
disyuntiva es clara, cientos de miles de jóvenes nos jugamos todo
nuestro futuro, y tendremos que decidir si queremos vivir en
condiciones vida cada vez más esclavas o si luchamos por un modelo
de país del pueblo y para el pueblo, donde no hayan “generaciones
perdidas”.
Jóvenes de IU-Parla comparte y respalda el comunicado hecho público en el día de hoy por los/as diferentes rectores y rectoras de las Universidades publicas españolas.
Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello, que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante.
Las universidades, ahora más que nunca, estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación. Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, nos encontramos en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por este motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente:
1. La disminución de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del
conocimiento.
2. Los efectos del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político, de que “nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento”. Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.
Ante esta situación, los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente:
Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos.
Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.
Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las Administraciones Públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si éstas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos TODOS, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.
Dada la gravedad de esta situación, este Comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas.
Desde que el gobierno ha presentado el
anteproyecto de ley para la reforma educativa (LOMCE) la polémica se
ha encendido sobretodo en lo referente al trato que se le va a dar a
las lenguas en aquellas comunidades con la presencia de dos lenguas
oficiales, sin restarle importancia a este asunto este proyecto de
ley esconde mucho más aspectos que van hacer que volvamos a la
escuela en blanco y negro.
Pero antes de comentar estos aspectos
me parece vital puntualizar porque es tan importante conocer bien
como se va ha modificar el mundo educativo de nuestra población,
navegando por Internet en mi perfil de Facebook he visto una
referencia a Paulo Freire, “la educación no cambia la sociedad,
cambia a las personas que van a cambiar la sociedad” no se podría
sintetizar mejor la finalidad de la educación y la finalidad del
gobierno del PP, crear una escuela en blanco y negro para que la
gente acepte un presente en blanco y negro justificando la
restricción de derechos y libertades, los recortes sociales y la
doctrina católica forzosa.
Por esto debemos evitar que este
anteproyecto de ley se llegue a consolidar, hay que evitar que la
escuela del mañana sea así:
Desaparece educación para la
ciudadanía: una asignatura cuyo pecado mortal ha sido llevar a
las aulas el debate, el análisis y la conciencia crítica sobre la
realidad social, este gobierno nos ha demostrado que aquellos modelos
de familia o orientaciones sexuales que no estén defendidas por la
iglesia católico y/o la derecha más conservadora de nuestro país
no tienen cabida sus escuelas.
Abrir un espacio de debate en temas
sociales como el aborto, el machismo, la xenofobia presentes en
nuestras sociedad ya será un elemento del pasado con la aplicación
de la nueva ley educativa del PP. Si esta ley se consolida el
gobierno financiará discriminación
Nuevos aspectos transversales:
se elimina la educación en valores como elemento transversal de
obligado cumplimiento en todas las enseñanzas en su lugar se incluye
un nuevo aspecto transversal “el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional”, es decir implantar el neo-liberalismo en
las escuelas como el mejor de los modelos económico-sociales, es muy
interesante que el mismo gobierno que elimina la igualdad entre los
sexos por adoctrinar defienda incluir en el temario de las escuelas
los beneficios de la iniciativa privada a la riqueza colectiva del
país. Si esta ley se consolida el gobierno financiará
manipulación neoliberal.
Universidades de primera y
universidades de segunda categoría: desaparece la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU), más conocida como la “selectividad”,
mediante la cual se establecía una prueba de acceso, exigiendo un
nivel mínimo, común para todas las universidades, la nueva ley del
PP permitirá a cada Universidad establecer su propia prueba de
acceso, desapareciendo la igualdad en las Universidades españolas,
por ejemplo si una Universidad exige un nivel alto de latín para
todo su alumnado lo podrá hacer obviamente surgirán academias
privadas que ayuden en la preparación de estas pruebas tas
específicas a los futuros aspirantes/as, pero podrá costearse toda
la población este servicio, la equidad desaparecerá de nuestro
espacio educativo superior creándose universidades de primera y de
segunda. Si esta ley se consolida el gobierno financiará
Universidades de ricos/as y pobres.
El Estado apuesta por la separación
del alumnado en función del sexo: en la actualidad aquellas
instituciones educativas privadas que separaban a su alumnado en
función del sexo no podía optar ha firmar un concierto con la
Administración pública, pues bien esto con el gobierno del PP
cambiará, es decir que el Estado empleará dinero público de
todos/as en financiar colegios sexistas que separan a chicos y chicas
porque consideran que no es productivo que compartan espacios, esta
medida esta en contra de lo declarado por el Tribunal Supremo, dado
que la Constitución establece que ningún español/a podrá ser
discriminado/a por razón de sexo. Si esta ley se consolida el
gobierno financiará desigualdad.
Perdida
de poder de los órganos escolares: a raíz de la
aplicación de esta ley los consejos escolares no tendrán la
competencia de aprobar ningún proyecto ni programación educativa
únicamente podrán evaluar e informar sobre las decisiones tomadas
por el gobierno central y el autonómico. Si esta ley se consolida
el gobierno financiará sumisión educativa.
Discriminación
de las lenguas co-oficiales: La nueva ley restringe el uso de las
lenguas co-oficiales en la enseñanza educativa, los padres o
tutores/as legales podrán escoger un centro educativo que imparta la
enseñanza íntegramente en castellano sino se encuentra un centro
público con estas características y los padres optan por un centro
privado la administración autónoma deberá financiar este servicio.
El plan de
inmersión lingüística de las diferentes comunidades bilingües,
destacando el plan de Cataluña, han demostrado ser verdaderos
éxitos, en Cataluña la totalidad del alumnado domina ambas lenguas,
se ha demostrado lo beneficioso de este sistema educativo para
aprender futuros idiomas, de hecho el sistema bilingüe de la
Comunidad de Madrid (Inglés- Castellano) está inspirado en parte en
el plan de inmersión lingüística catalán. Si esta ley se
consolida el gobierno financiará represión.
Empoderamiento
de la religión católica: la creación de instituciones
aconfesionales se aleja en el tiempo, dado que el gobierno le vuelve
a otorgar gran poder a la iglesia católica, cuando todos/as sabemos
que la mayor adoctrinadora de la historia española reciente ha sido
la religión católica, justificando aspectos homófobos, xenófobos
y machistas. Si esta ley se consolida el gobierno financiará
catolicismo forzoso.
Datos obtenidos
del estudio comparativo entre la ley LOE y el anteproyecto de ley
LOMCE realizado por el sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO),
por análisis como estos la derecha de este país quiere acabar con
la acción sindical, porque la unión y la información es poder.
Artículo escrito
por Israel Aguado, coordinador del área de juventud de IU-Parla.
Carlos Martínez Núñez, coordinador del Área Federal de Juventud, considera que “es hora de sumar fuerzas para lograr una unión y abrir un proceso constituyente real con unas reglas que respondan al interés de la mayoría y no de un 1% de privilegiados”
El Área Federal de Juventud de Izquierda Unida, coincidiendo con la celebración mañana del Día de la Constitución, ha lanzado a través de Internet y de las distintas redes sociales una campaña con el lema ‘Por unas reglas del 99%’ y el hastag #AbajoElRégimen Ésta incluye un diseño y elementos gráficos propios para su difusión viral en la Red, además de un vídeo que se distribuirá con posterioridad, al objeto de denunciar, entre otros puntos, “la hipocresía que muestran PP y PSOE al celebrar un año más la Constitución del 78 cuando su contenido se está incumpliendo sistemáticamente”.
Carlos Martínez Núñez, coordinador de ‘Jóvenes de IU’, destaca que “ambas formaciones la han convertido en un instrumento para garantizar simplemente el pago de la deuda, saltándose sus respectivos gobiernos el cumplimiento de derechos tan importantes como la Sanidad, la Educación, la Vivienda o la Justicia”.
“Desde el Área de Juventud de IU –señala Martínez- consideramos que es hora de sumar fuerzas para lograr una unión y abrir un proceso constituyente real con unas reglas que respondan realmente al interés del 99% de la ciudadanía y no de un 1% de privilegiados”.
‘Jóvenes de IU’ insisten en el “engaño” que supone celebrar una Constitución “que han convertido en un texto muerto” y cuyo alcance original se rompió el 23 de agosto de 2011 al “imponer el pago de la deuda como prioridad absoluta frente a todo lo demás” tal y como establece el nuevo artículo 135.
Martínez Núñez cuestiona “cómo creernos una Constitución que especifica en su artículo 34 que todo el pueblo tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, si los poderes públicos priman los intereses de la Banca y permiten que siga robando a cientos de familias, legitimando así más de 500 ejecuciones hipotecarias al día que suponen la nueva esclavitud del siglo XXI”.
“Cómo creernos una Constitución –añade- que declara en su artículo 24 que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, y al mismo tiempo el ministro Gallardón impone tasas judiciales que atentan contra la igualdad en el acceso a esa misma tutela”.
Del mismo modo, el responsable de ‘Jóvenes de IU’ se refiere a “cómo creernos una Constitución que establece en su artículo 3 la garantía del uso y la enseñanza de las diferentes lenguas del Estado mientras el gobierno central, decreto a decreto, las degrada cada vez más y les da estatus de dialecto regional”.
“O cómo creernos una Constitución que especifica en su artículo 14 que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y, al mismo tiempo, indulta a banqueros corruptos y agentes policiales violentos”, explica.
También hace referencia a “cómo creernos una Constitución que afirma en su artículo 128 que toda la riqueza del país ‘está subordinada al interés general’ mientras vemos cómo aumentan los beneficios de las grandes empresas y recortan en derechos básicos, como Educación o Sanidad, a la mayoría social.
Carlos Martínez Núñez valora en nombre del Área de Juventud de IU que “esta Constitución ha sido rota y violada sistemáticamente. Sólo se cumple cuando se trata de defender los intereses de los ricos. Estamos ante una aplicación de la misma que es fruto del poder constituyente de la troika, de las oligarquías financieras y económicas, de los poderosos, que han comenzado su propio proceso constituyente contra la mayoría social para consolidar un Estado donde los derechos sociales y el bienestar son papel mojado frente a su lógica de rentabilidad y beneficio”.
