El Gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes el Plan de Garantía Juvenil en el marco de un “decretazo” que modifica unilateralmente hasta 26 leyes básicas. Con el único objetivo de maquillar las cifras de desempleo juvenil, unas cifras que humillan la incompetencia del Gobierno popular, el Ejecutivo permitirá a las empresas ahorrarse hasta 1800€ anuales por cada joven menor de 25 años que contrate.
Eso quiere decir que podrán despedir trabajadores y trabajadoras que ya habían conquistado unas condiciones salariales mínimas, a fuerza de años de lucha, para incorporar a jóvenes con sueldos precarios. Y todo sin ninguna garantía para estas nuevas incorporaciones, ya que la ley contempla despedir a los y las jóvenes pasados seis meses por “causas económicas objetivas” o encadenar indefinidamente los contratos temporales sin tener que devolver ni un céntimo. Hablamos de que HP o Panrico pueden ser premiadas con 1800€ por contrato después de haber despedido a cientos de trabajadores y trabajadoras. En definitiva, hablamos de abaratar las plantillas con fondos públicos para que los beneficios de las grandes empresas sigan multiplicándose, mientras el sistema público de pensiones sigue descapitalizándose. Con ello, los y las jóvenes nos podemos enfrentar a contratos a tiempo parcial, combinados con formación no reglada, que permiten que trabajemos gratis horas extras. Por supuesto, sin capacidad de negociación colectiva para luchar por nuestra dignidad, después de las últimas reformas laborales de PPSOE.
Desde el Área de Juventud de Izquierda Unida condenamos el uso que hace el Gobierno de la desesperación de los y las jóvenes en la búsqueda infructífera de empleo. La usan para precarizar todavía más las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma nos lanza a un mercado laboral en el que los y las jóvenes nos vemos indefensos frente a la avaricia de quienes ya han amasado fortunas gracias a esta estafa a la que llaman crisis. Ningún plan parcial de empleo juvenil va a tener sentido fuera del marco de un profundo programa de cambio de modelo productivo, reorientado a la inversión en un modelo sostenible, con energías renovables y empleos verdes; cambio de modelo fiscal; de la negación de pagar una deuda odiosa e ilegítima o de la nacionalización de sectores estratégicos para redistribuir la riqueza, en pos de crear puestos de trabajo de calidad y adaptados a la juventud.
Es en este marco donde se podrán desarrollar políticas para incentivar el empleo juvenil, como potenciar la incorporación de la juventud al empleo con el reparto de trabajo mediante el adelanto de la edad de jubilación, la reducción de la jornada laboral, el fomento de los contratos de relevo o la recuperación de los miles de empleos públicos que se han destruido con los recortes en servicios públicos.
El problema del desempleo juvenil no es una problema de los y las jóvenes; es el problema de un Gobierno al servicio de unas élites económicas insaciables que, una vez más, nos roban. Abaratan nuestros salarios y se llevan miles de euros de las arcas de la Seguridad Social. O sea, el dinero de los pobres para enriquecer más a los ricos.
